El apagón eléctrico de ámbito nacional ocurrido el pasado mes de abril puso a prueba los sistemas de respaldo de las redes de telecomunicaciones. Aunque durante las primeras horas aguantaron el tipo, poco a poco las baterías y el combustible de los generadores de emergencia se fueron agotando, dejando al país incomunicado mientras la radio a pilas ocupaba su lugar como medio más inmediato de información.
Este es uno y el más reciente de los eventos que menciona el Ministerio para la Transformación Digital en una consulta pública donde adelanta sus intenciones de regular la resiliencia de las redes ante eventos extraordinarios.
Además del gran apagón, el documento recuerda la pandemia producida por el COVID-19, la erupción volcánica que arrasó parte de la isla de La Palma en septiembre de 2021 y la DANA que azotó el levante del país en octubre de 2024. En todos estos escenarios las redes se vieron comprometidas, al aumentar su uso a la vez que mermaba su capacidad o se producía su apagado debido a la falta de energía e incluso la destrucción de las infraestructuras.
Las operadoras están obligadas a garantizar el servicio
La Ley General de las Telecomunicaciones obliga en su artículo 63 a las operadoras a “asegurar la continuidad en la prestación de los servicios” que usan las redes públicas de comunicaciones electrónicas y da potestad al Ministerio para supervisar su cumplimiento.
Los operadores garantizarán la mayor disponibilidad posible de los servicios de comunicaciones vocales y de acceso a internet a través de las redes públicas de comunicaciones electrónicas en caso de fallo catastrófico de la red o en casos de fuerza mayor, y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el acceso sin interrupciones a los servicios de emergencia y la transmisión ininterrumpida de las alertas públicas.
El apagón ha sido el evento que ha espoleado a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales a poner en marcha el desarrollo de este artículo, “con el objetivo de regular las condiciones y actuaciones dirigidas a garantizar la seguridad y la resiliencia de las infraestructuras digitales y de los servicios de comunicaciones electrónicas […] especialmente ante situaciones y acontecimientos que afecten a la integridad y disponibilidad de las redes, la interrupción del servicio o una importante degradación en las condiciones de prestación”.
Lo hace en una consulta pública dirigida al sector, donde pide opinión acerca del contenido de los planes de contingencia que tendrán que tener listos las operadoras para garantizar la seguridad y continuidad del servicio. También sobre sobre los plazos que tendrán para comunicar a las autoridades los incidentes que se produzcan.